Argentina
Corte Suprema de Argentina elimina límites a venta de tierras a extranjeros
Un asunto que ha provocado fuertes resistencias en la sociedad al punto de que no ha podido ser tratado en el Parlamento
Argentina, 30 de septiembre de 2026. La Corte Suprema eliminó este martes las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros en Argentina, al poner una vez más en vigencia un artículo del megadecreto del presidente Javier Milei de 2023. Un asunto que ha provocado fuertes resistencias en la sociedad al punto de que no ha podido ser tratado en el Parlamento.
Se trata del artículo 154 del megadecreto 70/23, del inicio del gobierno. Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
La ley de Tierras, aprobada en 2011, establecía que los extranjeros no podían poseer más del 15% de las terrenos rurales del país, con límites también a nivel provincial y municipal.
Ahora, el máximo tribunal argentino rechazó la demanda porque consideró que esa organización no estaba habilitada para presentar el reclamo.
El pronunciamiento «no supone abrir juicio sobre la validez constitucional» de esa parte del decreto, señala el fallo al que accedió la AFP, aunque especialistas explicaron que la decisión permite aplicarlo en la práctica.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió en X que, a partir de la sentencia, «cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluida las zonas de frontera- sin límite alguno».
El CECIM que había presentado la demanda, repudió el fallo: «La Corte resolvió el problema político de Milei. Acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta», señaló en un comunicado.
El gobierno también intentó flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros a través del Congreso este año.
Incluyó los cambios en un proyecto más amplio sobre propiedad privada, pero en agosto retiró ese capítulo porque no reunía los votos necesarios y enfrentaba resistencia entre sus propios aliados y en diversos sectores sociales que se movilizaron contra la norma.

