Gobierno de Panamá extiende estado de urgencia

Caracas, 26 de junio de 2025. El Consejo de Gabinete extendió por cinco días más el estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro, aprobado el decreto de Gabinete No. 28, que se decretó para restablecer la paz, el orden y atender la emergencia social y económica de la región.

Con la aprobación del Decreto de Gabinete No. 28, «que modifica el Decreto de Gabinete No. 27 del 20 de junio de 2025, que declara estado de urgencia en Bocas del Toro», el estado de urgencia se extenderá hasta el 29 de junio del 2025.

Sin embargo, movimientos sociales denuncian que esto es parte de la polémica represiva del gobierno de José Raúl Mulino.

El decreto No. 28 también restablece los efectos del artículo 23 de la Constitución Política durante el resto de la vigencia del estado de excepción .

También se aprobó la Resolución de Gabinete No. 65, «que modifica el artículo 3 de la Resolución de Gabinete No. 48 de 27 de mayo de 2025», que declaró el estado de emergencia en Bocas del Toro.

Denuncias de manifestantes

A su vez, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) «el black out (apagón) de comunicación en Bocas del Toro solo siembra más incertidumbre. Cuando se apaga la señal, se enciende la impunidad. Se presta para que la policía actúe sin testigos y cometa más atrocidades».

Por otro lado, Aldeas Infantiles SOS Panamá denuncia que la Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas de manera indiscriminada en una comunidad de Bocas del Toro.

Lo que causó la muerte de una niña de un año y ocho meses, en medio de la brutal represión que llevan a cabo las instituciones del gobierno del conservador de ultra derecha José Raúl Mulino.

Según los reportes, las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos dentro de su vivienda durante las represiones violentas que se han registrado tras las manifestaciones ciudadanas en rechazo a la Ley 462.

«El uso desmedido e irresponsable de la fuerza que ha resultado en la muerte de una bebé viola los derechos fundamentales a la vida, a vivir en un entorno seguro y a la protección que el Estado debe garantizar«, refirió la denuncia.