España aprueba ley contra el uso de deepfakes con IA

Madrid, 27 de mayo de 2026. El Gobierno de España intensifica su compromiso con la seguridad digital y la protección de los derechos fundamentales mediante la aprobación del proyecto de Ley Orgánica para el Buen Uso y la Gobernanza de la Inteligencia Artificial.

Esta iniciativa, remitida al Congreso de los Diputados, establece un marco legal riguroso para asegurar que la innovación tecnológica avance bajo principios éticos, garantizando la confianza y la salvaguarda de la ciudadanía frente a posibles abusos.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, subrayó que España asume un liderazgo mundial en esta materia al proponer una «tercera vía» que combina el desarrollo tecnológico con un enfoque humanista.

López enfatizó que la regulación de la inteligencia artificial no es solo una cuestión técnica, sino una discusión política de primera magnitud, centrada en la soberanía, la democracia y la protección de la integridad humana ante el poder concentrado en pocas manos.

Sanciones severas ante usos irresponsables

La nueva normativa adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA) de la Unión Europea e incorpora medidas adicionales para cerrar brechas de seguridad.

El régimen sancionador destaca por su severidad: las infracciones calificadas como muy graves, tales como la comercialización de sistemas de IA prohibidos, podrán castigarse con multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual global de la empresa infractora.

El marco legal introduce el principio de responsabilidad directa de los directivos, quienes deberán supervisar de manera efectiva el cumplimiento de la norma dentro de sus organizaciones. Además, se establecen penalizaciones escalonadas para faltas menores, asegurando que cualquier desviación ética o técnica tenga una respuesta proporcional y disuasoria por parte del Estado, reforzando así la seguridad jurídica en el entorno digital.

Prohibiciones frente a nuevas amenazas digitales

España adopta una postura firme contra las prácticas que manipulan la voluntad o atentan contra la dignidad de las personas. El proyecto de ley prohíbe explícitamente el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones, así como la explotación de vulnerabilidades por edad, discapacidad o condición socioeconómica.

Asimismo, veta los sistemas de categorización biométrica destinados a deducir información sensible sobre las personas. Como medida pionera impulsada por España y Francia, la ley prohíbe estrictamente la generación, operación o difusión de contenidos de «ultrasuplantación», incluyendo específicamente los deepfakes sexuales y herramientas que alteren contenido de abuso infantil.

Esta prohibición protege a los ciudadanos, con especial atención a menores y grupos vulnerables, obligando además al etiquetado transparente de cualquier contenido generado, audio o video creado mediante inteligencia artificial.

Fiscalización y arquitectura de supervisión

Para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa, el Estado fortalecerá su capacidad de supervisión algorítmica. La Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), en coordinación estrecha con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial, actuará como ente fiscalizador de los sistemas en circulación.

Esta estructura permitirá evaluar el riesgo de las herramientas tecnológicas desde su diseño hasta su implementación. Las empresas deberán cumplir con estándares de transparencia y presentar informes periódicos sobre el funcionamiento de sus modelos.

Este mecanismo de control continuo permite adaptar la gobernanza a la rápida evolución de la tecnología, facilitando la identificación de nuevos modelos de riesgo. Con estas disposiciones, el Ejecutivo español consolida un ecosistema donde la innovación tecnológica y el respeto a los derechos humanos coexisten bajo un marco de supervisión estricta y garantista.