Corte Suprema autoriza reinicio de redadas en Los Ángeles

Caracas, 09 de septiembre de 2025. Este lunes 8 de septiembre La Corte Suprema de EEUU, autorizó al gobierno de Donald Trump a retomar las redadas migratorias masivas en Los Ángeles.

La decisión abrió la puerta para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reactive operativos en lugares de trabajo y espacios públicos donde, donde según el gobierno federal se concentran inmigrantes indocumentados.

Mediante una orden un tribunal federal prohibió en julio y luego una corte de apelaciones federal en agosto que la policía federal de inmigración (ICE) detuviera en Los Ángeles y su región a personas basándose únicamente en uno o varios de una serie de cuatro factores, hasta nuevo aviso.

Estos factores eran la presencia en un lugar específico generalmente asociado con la mano de obra inmigrante —parada de autobús, lavadero de coches.

Explotación agrícola o ferretería—, el tipo de actividad realizada, el hecho de hablar español o inglés con acento extranjero, o bien su apariencia étnica.

Apelación contra orden de la Corte Suprema

Por otra parte el gobernador de California, Gavin Newsom criticó la medida.

Asimismo, los tribunales de primera instancia y luego de apelación consideraron estás detenciones contrarias a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege a las personas de arresto al exigir como mínimo «una sospecha razonable».

La Corte Suprema (nueve jueces en total) levantó el lunes esa suspensión, en contra del criterio de los tres progresistas.

Hasta que el tribunal de apelaciones se pronuncie sobre el fondo o hasta que ella misma intervenga.

Por el contrario, en nombre de los tres progresistas, la jueza Sonia Sotomayor, la primera latina nombrada a la corte Suprema, manifiesta su desacuerdo.

«No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno pueda detener a cualquiera que tenga apariencia latina, hable español y parezca ocupar un empleo de bajos salarios», escribe, reprochando a sus colegas conservadores que creen con su decisión «un estatus de ciudadano de segunda clase».

Por su parte, el gobierno de Donald Trump manifiesta que el coste para las finanzas públicas y el impacto para la seguridad nacional de los irregulares es demasiado elevado.