España
El Congreso español aprueba ley de embargo de armas a Israel
El texto, debatido y votado en plena intensificación de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, también propone que se prohíba cualquier recurso que fortalezca al Ejército hebreo
Caracas, 20 de mayo de 2025. El Congreso de los diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de la proposición de ley impulsada por Sumar, Podemos y BNG para establecer un embargo al comercio de armas y material de defensa a Israel.
La toma en consideración de la norma dependía de Junts, toda vez que el PSOE ya había informado sobre su apoyo a la iniciativa antes del debate en la sesión plenaria.
Además, la norma también ha logrado el apoyo de ERC, PNV y Bildu, que durante el debate han recalcado su respeto a los Derechos Humanos.
Mientras que PP y Vox han asegurado que identifican «antisemitismo» y «sesgo anti-Israel» en la ley.
El texto, debatido y votado en plena intensificación de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.
También propone que se prohíba cualquier recurso que fortalezca al Ejército hebreo.
Esto incluye el material antidisturbios o el combustible de ámbito militar, mediante una reforma de la normativa actual sobre el control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
A su vez, el Gobierno debe implementar un protocolo específico para inspeccionar la carga de los buques y aeronaves que pasen por España.
Con destino a Israel y habilitar la incautación de material militar que puedan portar.
Propuesta de ley
La sugerencia legislativa establece que las autoridades revocarán las autorizaciones de operaciones de compraventa de material militar y policial.
En el momento de la declaración del embargo, y prohibirán nuevas autorizaciones.
Por ende, las exenciones de autorización previstas en el artículo 11 de la ley no serán aplicables.
De esta forma, la Secretaría de Estado de Comercio formalizará el embargo contra los Estados que, como Israel.
Han sido demandados por un tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España, en un plazo de 15 días posteriores a dichas denuncias, según añade Europa Press.
