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Parlamentarios y estudiantes debaten alcances de la reforma a Ley de Convivencia
Proponen estándares internacionales para definir delito de odio en modificación legal
Caracas, 16 de noviembre de 2026. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional (AN) que dirige la consulta sobre la reforma de la Ley contra el Odio, ahora denominada Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y el Respeto, evalúa incorporar criterios internacionales, como el Plan de Acción de Rabat, para delimitar con precisión qué acciones o expresiones constituyen discursos de odio.
Según informó, el diputado Jorge Arreaza, integrante de la instancia legislativa, la propuesta surgió durante una jornada de consulta celebrada en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con organizaciones no gubernamentales y estudiantes.

Parámetros del plan Rabat
En este sentido, Arreaza, explicó que el Plan de Rabat, establece seis parámetros para medir, entre ellos:
–La gravedad de un discurso.
–Identificar a su emisor.
–Determinar su alcance y evaluar qué grupos vulnerables resultan afectados.
Asimismo, el parlamentario añadió, que el debate también abordó la necesidad de capacitar a los funcionarios encargados de aplicar la normativa, para evitar excesos o abusos registrados en el pasado. Señaló que, pese a las diferencias de criterio, se han logrado puntos de coincidencia, y adelantó que la próxima semana el cronograma incluirá reuniones con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Por su parte, la diputada América Pérez, sostuvo que la reforma trasciende lo jurídico, al constituirse en un espacio de diálogo necesario tras los sucesos del 3 de enero y el doble terremoto del pasado 24 de junio, afirmando que la concertación es la vía para sanar heridas del pasado.

Finalmente, durante el encuentro, se expresaron diversas posturas del sector estudiantil.
La estudiante de Derecho de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) Edith Ruiz, valoró la reforma como una herramienta para fortalecer la convivencia ciudadana, el equilibrio y la paz territorial, en contraste, Arantxa Martínez, estudiante de la Escuela de Estudios Políticos de la (UCV), planteó como prioridad la derogación del instrumento legal o en su defecto, una definición estricta del delito de odio para evitar señalamientos arbitrarios por publicaciones en redes sociales.

