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Venezuela exige a la CIJ abstenerse de intervenir en controversia sobre el Esequibo
Samuel Moncada fundamentó esta solicitud en La Haya con el argumento de la irrenunciable defensa de la soberanía nacional
La Haya, 11 de mayo de 2026. El agente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Samuel Moncada, presentó una solicitud formal para que el alto tribunal cese su intervención en la controversia territorial. Durante la clausura de la fase de audiencias en La Haya, el representante venezolano fundamentó esta petición en la defensa irrenunciable de la soberanía nacional.
El Estado rechaza cualquier arbitraje judicial que pretenda sustituir los mecanismos de negociación directa establecidos históricamente.
La delegación venezolana sostiene que la CIJ carece de jurisdicción para resolver una disputa que requiere un arreglo práctico y mutuamente aceptable. Moncada enfatizó que la judicialización del conflicto vulnera el derecho internacional y la voluntad de las partes de buscar soluciones pacíficas fuera de los tribunales. Esta postura reafirma que Venezuela no reconoce la autoridad del tribunal para dictar sentencias sobre su integridad geográfica.
El Acuerdo de Ginebra como único instrumento de resolución
La argumentación nacional centra su validez en la vigencia plena del Acuerdo de Ginebra de 1966. Según expuso Moncada, este tratado internacional constituye el único camino legal que garantiza una resolución política y diplomática satisfactoria para ambas naciones.
El documento excluye por su propia naturaleza la imposición de una sentencia judicial, priorizando el diálogo bilateral como método efectivo.
«Venezuela reitera respetuosamente su petición a la Corte para que se abstenga de intervenir en la controversia territorial», resaltó el agente venezolano. La autoridad nacional insistió en que el tribunal debe evitar interferencias en las obligaciones relativas a la solución mediante negociaciones amistosas. El país mantiene que la intervención de la CIJ entorpece los canales diplomáticos previstos en el marco jurídico vigente desde hace décadas.
Impugnación a la nulidad del Laudo de 1899
El Estado venezolano solicitó formalmente que la CIJ desestime las pretensiones de la República Cooperativa de Guyana. La delegación calificó como un retroceso jurídico el intento de Georgetown por validar el Laudo Arbitral de 1899.
Venezuela considera dicho documento como nulo e írrito, debido a los vicios de origen que afectaron el proceso arbitral en el siglo XIX.
Para la representación venezolana, la vía judicial que propone Guyana ignora que el Acuerdo de Ginebra nació precisamente para superar las injusticias del pasado. La ruta legítima reside en el entendimiento directo y el respeto a la verdad histórica que asiste a la nación. Caracas concluyó su intervención reafirmando que no permitirá que un órgano judicial decida sobre un territorio que pertenece legítimamente al pueblo venezolano.
