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Trinidad y Tobago quiere silenciar críticas por alianza con EE. UU.
Esta propuesta de censura se enmarca en un contexto regional de alta tensión.
Caracas, 25 de noviembre de 2025. El Gobierno de Trinidad y Tobago ha desatado una ola de controversia y alarma democrática tras revelarse su intención de implementar una medida legislativa destinada a censurar las redes sociales.
La propuesta, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Roger Alexander, se presenta como un intento de blindar al Ejecutivo contra el escrutinio público, específicamente aquel que critica la estrecha colaboración y los acuerdos de seguridad alcanzados con Estados Unidos.
Esta iniciativa ha generado una inmediata y fuerte condena por parte de diversos líderes de movimientos sociales, quienes califican la medida como «inaceptable y antidemocrática».
La propuesta coloca al gobierno trinitense en el centro de las críticas internacionales por intentar restringir libertades civiles bajo un pretexto de seguridad nacional, un patrón que, según sus detractores, amenaza con socavar la democracia caribeña.
Alarma por represión y uso de poderes estatales
El argumento oficial para justificar la censura es que las publicaciones en línea supuestamente buscan «justificar supuestos asesinatos extrajudiciales en el Caribe» y promueven el «cambio de régimen en Venezuela».
La oposición, sin embargo, ve en estos argumentos una coartada para reprimir la disidencia.
El Movimiento Nacional del Pueblo (PNM), principal fuerza opositora, denunció que la maniobra del Ejecutivo es un claro intento de «armar el poder del Estado contra ciudadanos privados que ejercen sus derechos constitucionales».
Pennelope Beckles, líder de la oposición, fue categórica al advertir que «cualquier gobierno que teme la crítica ha abandonado su compromiso con los valores democráticos», señalando un evidente viraje autoritario en las políticas del país.
Esta propuesta de censura se enmarca en un contexto regional de alta tensión, donde los acuerdos militares con Estados Unidos han sido objeto de severo cuestionamiento por parte de organizaciones sociales y gobiernos cercanos a Venezuela.
La oposición de Trinidad y Tobago concluye que esta legislación es parte de un patrón de conducta autoritaria más amplio, que incluye la extensión de estados de emergencia y la restricción de celebraciones públicas bajo argumentos vagos de seguridad, pintando un sombrío panorama para la libertad de expresión en el país caribeño.
