Tribunal argentino ratifica condena a Cristina Fernández

Buenos Aires, Argentina, 13 de noviembre de 2024.- Un Tribunal argentino ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández, desencadenando el rechazo de la sociedad ante esta decisión. Así se conoció este miércoles cuando el mayor tribunal penal de Argentina reafirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

También deja abierta la posibilidad que Fernández pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses venideros. En este contexto, Cristina Fernández y su equipo asesor tienen planteado apelar el fallo ante la Corte Suprema, la que puede tardar años en pronunciarse.

Puntualmente la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo en una audiencia que tuvo lugar en la sede de los tribunales federales en Buenos Aires. A esta sentencia no asistieron ni Cristina Fernández ni otras figuras asociadas al caso entre los que destacan el empresario de la construcción Lázaro Báez y varios exfuncionarios del gobierno de Fernández quienes también están sentenciados.

¿Por qué condenan a Cristina Fernández?

Como se sabe, a finales del año 2022 Cristina Fernández recibió una condena de cárcel impuesta por un tribunal federal que consideró un fraude al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas a un empresario allegado durante su mandato presidencial (2007-2015). Este fallo llegó en un momento de serios cuestionamientos a la justicia de ese país por la manera como estuvo manipulado el caso y con abiertas vinculaciones de algunos magistrados con el macrismo que aún gobierna la nación gaucha.

En aquel momento, Cristina Fernández, quien era vicepresidenta en el gobierno de Alberto Fernández, consideró que era víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para sacarla del escenario político.

Ante esta decisión, varias manifestaciones de rechazo se observaron de inmediato se conoció la ratificación de la sentencia. Varios actores de la política argentina y sectores de la sociedad civil en ese país consideran un ejemplo del “lawfare” o uso de mecanismos del sistema de justicia para destruir a personalidades políticas.