Internacionales
Paro nacional en Argentina logra el 90% de acatamiento contra Milei
Se paralizaron servicios esenciales en todo el territorio, incluyendo transporte, salud, educación y tráfico aéreo.
Caracas, 19 de noviembre de 2025. Argentina fue sacudida este miércoles por un nuevo paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Marcando una de las más contundentes demostraciones de fuerza popular contra las políticas del presidente Javier Milei.
La jornada de protesta, que según ATE alcanzó un acatamiento superior al 90%, paralizó servicios esenciales en todo el territorio, incluyendo transporte, salud, educación y tráfico aéreo.
El cese de actividades no solo se articuló como un rechazo directo a la avanzada reforma laboral impulsada por el gobierno.
Sino también como una enérgica condena al acuerdo económico y político con los Estados Unidos, que sindicatos y movimientos sociales caracterizan como una subordinación geopolítica.
Un paro multifocal, de la calle a la geopolítica
La medida de fuerza, que se produce en un contexto de profunda crisis salarial, afectó el funcionamiento de la administración pública y de numerosos sectores productivos.
El líder de ATE, Rodolfo Aguiar, detalló la urgencia de la protesta, señalando que los salarios públicos están «destruidos desde hace casi dos años».
Y que el congelamiento salarial ha forzado a muchos trabajadores a la pluriempleabilidad o incluso a la renuncia.
Aguiar exigió la reanudación inmediata de las paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido.
La reforma propuesta por la administración Milei, que ya ha sido objeto de múltiples recursos judiciales y debates intensos en el Congreso, es percibida por los gremios como un intento de desmantelar derechos laborales históricos.
Este paro representa una «ofensiva que no se va a detener hasta que sean garantizados todos nuestros derechos,» según afirmó el líder sindical.
La movilización también se entrelazó con una crítica más amplia a la orientación económica del gobierno, que ha fortalecido su alianza con Washington.
Organizaciones sindicales y sociales han denunciado que la reforma laboral busca precisamente «trabajar más y por menos plata» para abaratar costos en favor de intereses extranjeros.
El Gobierno responde con denuncia penal
La reacción del Gobierno no se hizo esperar, elevando el nivel de tensión.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, procedió a denunciar penalmente al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, por supuestas “amenazas al orden constitucional”.
Esta medida fue rápidamente respaldada por la Subsecretaría de Prensa de la Presidencia, que acusó a los manifestantes de ser «golpistas» cuyo trabajo es «provocar la crisis para que caiga el Gobierno.»
Lejos de intimidarse, Aguiar redobló el desafío: «Si hay que salir a las rutas en Navidad y Año Nuevo para frenar la reforma, lo vamos a hacer».
Instalando una narrativa de resistencia prolongada y desestimando las acusaciones de desestabilización.
El costo de este tipo de medidas de fuerza en la economía argentina es significativo. Aunque las cifras varían.
Se estima que un paro nacional puede tener un costo que ronda los cientos de millones de dólares, afectando sectores clave como la industria manufacturera, el comercio, y los servicios.
Este paro de ATE se suma a una serie de huelgas y movilizaciones que han marcado la administración de Javier Milei desde sus inicios.
Incluyendo los paros generales de la Confederación General del Trabajo (CGT).
El movimiento sindical asegura que, mientras el gobierno califica las protestas de «paros políticos».
La realidad es que están defendiendo el derecho a huelga y la Constitución frente a un modelo que ha sumergido a los trabajadores en una emergencia salarial.
La jornada concluyó con concentraciones masivas frente a la Secretaría de Trabajo, consolidando la protesta como una nueva fase de lucha sociopolítica en el país.
