La persecución antivenezolana

Desde finales del mes de enero de 2025, luego de la toma de posesión (por segunda vez) del ultraderechista y multimillonario Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, se ha desatado una terrible e ilegal persecución en contra de la migración venezolana, que un día decidió aferrarse a vivir en las tierras de la supuesta democracia perfecta y el espejismo del llamado sueño americano.

En el presente año, las autoridades migratorias que ejecutan las órdenes del Gobierno estadounidense están buscando y capturando a venezolanas y venezolanos a través de inhumanas redadas, “hasta debajo de las piedras” a toda persona que se vea sospechosa de “venir de Venezuela”.

Estos procedimientos supuestamente apoyados en el ordenamiento jurídico interno estadounidense han generado una serie de “batallas legales” entre algunos tribunales de los estados, que consideran como acciones excesivas del Poder Ejecutivo, las cuales pisan el terreno de la ilegalidad. La Corte Suprema de Justicia, con una evidente mayoría de magistrados republicanos, apoyan las medidas antimigratorias del presidente Donald Trump.

Ese respaldo a las políticas contra la migración, especialmente la venezolana, por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial lo que ha hecho es envalentonar al Poder Ejecutivo, para que prácticamente tengan “luz verde” para actuar a discreción y hacer lo que les dé la gana, para perseguir, encarcelar sin juicios y deportar sin el debido proceso, como es el caso de los 252 venezolanos enviados a una cárcel en El Salvador.

Así como también han enviado a venezolanos a otras cárceles tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, como es el caso del recinto penitenciario que tienen en Guantánamo, y el punto en común es la ausencia de juicios. El imperio se justifica al decir que está haciendo “una razia preventiva” para limpiar de criminales y terroristas al territorio estadounidense.

El remate de la policía antimigratoria es que están separando a las madres venezolanas de sus hijos, ellas quedan presas y los niños los colocan en hogares sustitutos.
Definitivamente es una terrible e ilegal situación que atenta contra los derechos humanos.

*Oscar Bravo, politólogo