EEUU
Familiares de Francesca Albanese demandan a Trump
Buscan impugnar lo que consideran un abuso de poder que ha transformado a Albanese en una «paria financiera»,
EEUU, 27 de febrero de 2026. La familia de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas presentó una demanda contra la Administración deDonald Trump por las sanciones impuestas en su contra.
El esposo y la hija de la relatora sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos, presentaron la acción legal sobre las ilegales medidas impuestas el año pasado contra la jurista italiana, tras sus críticas a las políticas de Israel en la Franja de Gaza.
Los demandantes buscan impugnar lo que consideran un abuso de poder que ha transformado a Albanese en una «paria financiera», afectando gravemente la vida y el patrimonio de su núcleo familiar en territorio estadounidense.
La demanda incluye a figuras clave del gabinete como la fiscal general, Pam Bondi; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Los familiares argumentan que las medidas exceden las competencias del Ejecutivo y violan derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Estados Unidos.
Según el documento, las sanciones «violan los derechos de la Primera, Cuarta y Quinta Enmienda y exceden los límites legales que el Congreso ha impuesto al uso de sanciones y a las acciones de las agencias por parte del presidente».
El origen de las represalias
El conflicto escaló tras la publicación del informe titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio en julio pasado. El Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, acusó a la defensora de derechos humanos de «antisemitismo descarado» y de colaborar directamente con el Tribunal Penal Internacional (TPI).
Washington justifica las sanciones alegando que Albanese promueve investigaciones y procesos contra ciudadanos estadounidenses e israelíes sin el consentimiento de ambas naciones, lo que motivó su inclusión en listas de vigilancia reservadas para terroristas.
Las consecuencias de estas medidas han desplazado a Albanese de su hogar en Washington hacia Túnez, impidiéndole incluso viajar a Nueva York para cumplir con sus funciones ante la ONU.
