Congreso de EEUU reconoce que sanciones causaron crisis económica y migratoria

Washington D. C., 24 de enero de 2024. El Congreso de Estados Unidos (EEUU) reconoció en un reciente informe que las medidas coercitivas unilaterales, llamadas «sanciones» provocaron la crisis económica y migratoria en Venezuela.

El informe titulado Venezuela: Panorama general de la política de sanciones de Estados Unidos fue publicado por la Oficina de Servicios de Investigación del Congreso de EEUU.

En él se detallan «medidas financieras amplias, sanciones, sanciones sectoriales y sanciones al gobierno de Nicolás Maduro«.

«Esas sanciones no lograron desalojar a Maduro y contribuyó a una crisis económica en el país que ha impulsado a 7,7 millones de venezolanos a huir«, señaló la investigación del Congreso.

«Sanciones» de Obama y Trump

El texto mencionó, las órdenes ejecutivas estadounidenses del expresidente Barack Obama en 2015 y otra emitida por el Departamento del Tesoro en julio de ese mismo año.

También hace referencia a las «sanciones financieras adicionales a Venezuela» que impuso el expresidente republicano Donald Trump.

«El presidente Trump emitió E.O. 13808, que prohibía el acceso de Venezuela a los mercados financieros estadounidenses«.

Esta última medida incluyó a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Además, en marzo de 2018, Trump firmó la Órden Ejecutiva (E.O. 13827) «para prohibir transacciones que involucren a venezolanos (…) emisión de moneda o token digital por parte del gobierno«.

Por otra parte, el 1 de noviembre de 2018, Trump emitió la E.O. 13850 «para bloquear los activos y prohibir ciertas transacciones con cualquier persona determinada por el Secretario del Tesoro para operar en áreas designadas sectores de la economía venezolana«

Más de 900 «sanciones» contra Venezuela

Cabe destacar que, pese a las conversaciones entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, aún están vigentes más de 900 sanciones contra la nación bolivariana.

Autoridades venezolanas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que las medidas financieras contra la economía repercuten en la ejecución de programas de atención social.

Principalmente en las áreas de alimentación, salud, educación, infraestructura y vivienda,tras el secuestro de activos, entre ellos Citgo y las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra.