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Brasil

Bolsonaro a punto de ser condenado en Brasil

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Está en el banquillo de los acusados, en un juicio por intento de golpe de Estado en Brasil.

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Caracas, 10 de septiembre de 2025. El destino político y personal del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pende de un hilo, mientras el Supremo Tribunal Federal (STF) del país se adelanta en la fase final de un juicio histórico que podría enviarlo a la cárcel por el intento de golpe de Estado.

A Bolsonaro se le imputan cinco delitos que puede suponer una pena mínima de 12 años y un máximo de 43 años: Organizar una criminal armada; intentar abolir violentamente el Estado Democrático de Derecho; dar un golpe de Estado; causar daños calificados de violencia y amenazar gravemente el patrimonio; y deteriorar el patrimonio protegido.

El expresidente niega que intentara perpetrar una asonada, pero sí reconoció que, tras caer derrotado en las urnas frente a Luiz Inácio Lula da Silva, convocó a la cúpula de las Fuerzas Armadas para debatir medidas de excepción.

El juez instructor, Alexander de Moraes, durante su intervención para defender su tesis y detallar las pruebas en las que se apoya, enfatizó: “Estamos olvidando que Brasil casi vuelva a una dictadura por una organización criminal, formada por un grupo político y liderada por Jair Messias Bolsonaro, que no sabe perder las elecciones”.

Por primera vez en la historia del país, un exmandatario y altos mandos militares se sientan en el banquillo de los acusados por delitos contra el orden democrático.

Para alcanzar un veredicto de culpabilidad, se necesitan tres de los cinco votos de la Primera Sala del STF. El juez de Moraes, conocido por su firmeza, es contundente en sus argumentos, afirmando que «no hay duda de que hubo un intento de golpe de Estado».

Por su parte, la defensa de Bolsonaro ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas de «cacería de brujas» con motivaciones políticas para apartarlo de la vida pública.

Su abogado, Vilardi, ha argumentado que «la planeación no es la ejecución» y que no hay pruebas de que el expresidente haya actuado en contra del Estado de derecho democrático.

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