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Senado de Chile aprueba ley que agiliza la expulsión de extranjeros

La Ley autoriza a la PDI ingresar al domicilio del ciudadano y proceder a la detención inmediata

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Senado de Chile aprueba ley que agiliza la expulsión de extranjeros

Chile, 21 de octubre de 2026. El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que optimiza el proceso de expulsión administrativa de extranjeros infractores, normativa que además faculta a la policía para ingresar, con previa orden judicial, a domicilios donde residan inmigrantes que mantengan órdenes de deportación vigentes.

Asimismo, esta iniciativa recibió luz verde con 37 votos a favor y una abstención, tras ratificar el informe de una comisión mixta que introdujo modificaciones al texto previamente avalado por la Cámara de Diputados.

Consecuentemente, uno de los principales cambios a la Ley de Migración y Extranjería es precisamente facilitar la ubicación y detención de extranjeros con órdenes de expulsión vigentes, mediante la Policía de Investigaciones (PDI).

Siguiendo esta línea, la PDI solicitaría a un juez, por garantía, la autorización para ingresar al domicilio donde se ubique la persona y proceder a la detención, requerimiento que el magistrado deberá resolver en 24 horas.

Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, agregó que «tanto la Cámara de Diputados como el Senado, han dado su aprobación a un proyecto de ley que es muy, muy trascendente, para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa».

También, esta iniciativa eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país en casos puntuales, además de sumar mecanismos que permiten la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que estén enfrentando procesos penales, siempre que existe autorización del tribunal.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, actualmente hay más de 330.000 extranjeros en situación irregular, y diversos reportes estiman que están en ejecución más de 75.000 órdenes de expulsión con estatus pendiente, y la mitad de éstos corresponden a ciudadanos venezolanos.

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