Sebin detuvo a tres directivos de DirecTV por coautoría en delitos

Caracas, 11 de junio de 2020.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este miércoles que el pasado 5 de junio fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tres directivos de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela (DirecTV).

A estas personas se les imputó la presunta coautoría en la comisión de los delitos de estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir, tras el cese de operaciones de DirecTV en Venezuela.

Los sujetos fueron identificados como: Héctor Rivero, quien se desempeñaba como gerente general; Rodolfo Carrano, vicepresidente de Operaciones; y Carlos Villamizar, vicepresidente de Estrategias y Negocios, a quienes se les dictó medida de privación judicial de libertad.

Aclaró que los ciudadanos mencionados son responsables directos de la comercialización y operatividad de los servicios de telecomunicación de “Directv Venezuela” ante el Estado venezolano, representado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Señaló el fiscal que Héctor José Rivero Olivares, en su condición de gerente general de la empresa, protocolizó la venta de 25 vehículos automotores pertenecientes a Directv Venezuela a finales del año 2019. Esto constituye uno de los indicios de que desde entonces se estaba preparando el cese de las operaciones”, apuntó.

Asimismo, mencionó que estos ciudadanos transgredieron el artículo 15, numeral 10, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la prestación de servicios en estados de excepción, tal y como fue decretado a mediados de marzo en el país por la pandemia de la Covid-19.

“En esto se presume la existencia de daño moral a la colectividad, por cuanto la suspensión de tal servicio creó incertidumbre y zozobra, ocasionando la transgresión de derechos constitucionales colectivos y difusos”, relató.

Adicionalmente, se acredita daño patrimonial causado a personas naturales y jurídicas, que hicieron inversiones en equipos electrónicos y pago de suscripciones y espacios televisivos.