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Protestas masivas sacuden Argentina por medidas del Gobierno

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Milei anunció un DNU para desmantelar múltiples regulaciones, como las leyes de alquileres, abastecimiento, tierras y otras

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Argentina, 27 de diciembre de 2023. Este miércoles, organizaciones sociales y políticas participaron en la segunda gran manifestación contra el mandatario de presidente argentino ,Javier Milei.

En este contexto, las principales centrales que agrupa a la fuerza de trabajadores de Argentina se han unido para interponer una demanda ante la Justicia de ese país.

Su objetivo es claro: rechazar de manera el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) recientemente firmado por el mandatario argentino.

Los manifestantes piden que los tribunales declaren la inconstitucionalidad del decreto que desregulariza la economía.

También se busca eliminar las restricciones a la privatización de empresas estatales y permitir la transformación de entidades gubernamentales en sociedades anónimas.

Al unir fuerzas, estas entidades intentan aseguran que la Justicia actúe en defensa de los intereses del pueblo.

Impacto en economía Argentina

Tras las reformas anunciadas por Milei, que fueron establecidas mediante el DNI, el cual contiene más 360 artículos de impacto directo en la macro y micro economía del país.

Milei anunció un DNU que busca desmantelar múltiples regulaciones, como las leyes de alquileres, abastecimiento, tierras y promoción industrial y comercial.

Es de resaltar, que será hasta el próximo 1 de marzo de 2024, que los diputados y senadores del país, tendrán que decidir si los cambios propuestos se aplicarán o no.

Restricciones y medidas cuestionables

En tal sentido, los manifestantes también desafian el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad Argentina, Patricia Bullrich.

Este protocolo tiene como objetivo limitar las protestas en la vía pública y cuenta con fuertes medidas de seguridad, incluso sanciones que pueden afectar las ayudas sociales otorgadas por el Estado a los manifestantes.

Además de limitar los cortes en el tráfico, el protocolo autoriza que las fuerzas de seguridad realicen requisas en el transporte público, como los autobuses y tomen imágenes de los rostros de los pasajeros.

Esto último, considerado «completamente ilegal» por María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Represión y la Violencia Institucional (Correpi).

Esta medida generó controversia y críticas en cuanto al respeto de los derechos individuales y a la legalidad de la misma.

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