Paraguay, 05 de noviembre de 2026. Cientos de ahorristas llevaron a cabo intensas protestas en las calles del centro de Asunción, lo que generó situaciones de alta tensión, enfrentamientos y represión por parte de la policía.

Lo anterior, en el contexto de la grave crisis financiera e institucional provocada por la intervención y disolución de Ueno Bank, que dejó a una porción significativa de la población sin poder acceder a sus cuentas bancarias.

La masiva manifestación concentró a personas afectadas por el congelamiento de fondos de la entidad digital, quienes marcharon por las avenidas del centro de la capital paraguaya para rechazar el colapso financiero y exigir respuestas inmediatas a las autoridades.

«¡Juicio político!», gritaba un centenar de personas, quienes pedían en el Congreso que avance la denuncia contra el presidente Santiago Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana.

Frente al incremento de la multitud, la Policía Nacional estableció un perímetro de seguridad con agentes provistos de chalecos de alta visibilidad para bloquear el acceso de los manifestantes.

Del mismo modo, el cuerpo policial desplegó cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes concentrados a una cuadra del Palacio de López.

Asimismo, durante el operativo, los agentes arrojaron gases directamente hacia una mujer que se encontraba en silla de ruedas.

Los ciudadanos respondieron alzando los brazos, registrando los hechos con sus celulares y recriminando la falta de soluciones institucionales ante una medida que paralizó las operaciones de unos 3.000.000 de clientes. La zona permanece bajo estricta vigilancia ante el riesgo de nuevos focos de protesta.

El estallido social en las calles ocurre tras el sismo político generado por la intervención y disolución de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), al detectarse un deterioro crítico de su solvencia.

Atrapados recursos estratégicos del Estado

La acción retuvo recursos clave del Estado, que incluyen aproximadamente 380 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) destinados a fondos de pensiones, así como significativos depósitos de entidades públicas.

Esta situación ocasionó la dimisión del director del BCP, Carlos Carvallo. Motivó a ciertos sectores de la oposición en el Congreso a promover un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, criticando las relaciones previas y el control del Ejecutivo sobre la institución.

A su vez, la Fiscalía paraguaya emitió órdenes de arresto para ejecutivos del banco, mientras el sistema financiero busca mitigar el efecto en la confianza de la población.

 Postura del poder ejecutivo

Ante el descontento general, el presidente Santiago Peña dio un mensaje por medio de los canales oficiales del gobierno para tranquilizar a la población y establecer la posición del Poder Ejecutivo frente a la situación económica incierta.

«Estoy plenamente consciente de que miles de paraguayos están preocupados por los sucesos de ayer, generados por la decisión del Banco Central del Paraguay de proceder con la disolución de Ueno Bank», manifestó el mandatario en su intervención.

Por último, Peña intentó conectar emocionalmente con los depositantes afectados: «Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y, sobre todo, sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos. Por eso, la prioridad del Gobierno del Paraguay es y será proteger con toda nuestra fuerza el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables».