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Garcés: Etiqueta roja en viviendas evaluadas tras sismos no implica demolición
Las autoridades iniciarán una segunda fase de inspección exhaustiva para determinar el nivel preciso de afectación en cada caso
Caracas, 05 de agosto de 2026. La Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad e Infraestructuras avanza en la valoración técnica de las edificaciones afectadas por los eventos sísmicos del pasado 24 de junio, priorizando la seguridad ciudadana y la restitución de la habitabilidad.
Francisco Garcés, presidente del ente evaluador y ministro del Poder Popular para el Transporte, aclaró la operatividad del sistema de semaforización aplicado durante las inspecciones iniciales.
El especialista precisó que el marcado con etiqueta roja responde estrictamente a una medida preventiva para resguardar a las familias ante riesgos estructurales inmediatos, y desmintió que esta señalización signifique la demolición de las estructuras.
Las autoridades iniciarán una segunda fase de inspección exhaustiva para determinar el nivel preciso de afectación en cada caso.
Con base en este diagnóstico, la comisión determinará el plan de intervención correspondiente.
Las proyecciones técnicas revelan un panorama alentador: de un universo cercano a 9.000 viviendas evaluadas, menos del 10 % requerirá demolición.
El porcentaje restante presenta daños de diversa magnitud que cuentan con solución técnica factible para su completa rehabilitación y reforzamiento.
Para garantizar la efectividad de las obras, la comisión desarrolló un manual de reparación de viviendas elaborado en conjunto con especialistas de universidades nacionales y la asesoría de un comité técnico internacional con experiencia en gestión de emergencias sísmicas.
Este documento orientador se distribuirá a través del programa Venezuela Renace y de las alcaldías para guiar las reparaciones en tres niveles: adecuación de paredes, reparaciones estructurales menores y obras de mayor envergadura.
Con el inicio de la segunda etapa de inspecciones, los equipos de campo establecerán los protocolos técnicos específicos que permitirán a las comunidades recuperar progresivamente sus espacios de vida en condiciones óptimas de seguridad.
