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Caso «Maturín» pica y se extiende
Tarek William Saab asegura que hay una campaña mediática orquestada desde los EEUU contra Venezuela y hay dos congresistas involucrados
Caracas, Venezuela, 19 de marzo de 2024.- El caso del intento de magnicidio que se ejecutaría en Maturín, estado Monagas, contra el presidente Nicolás Maduro, continúa arrojando información de interés criminalístico y el Fiscal General de la República, Tarek William Saab reveló detalles a través de una rueda de prensa.
Durante su alocución, el fiscal Saab actualizó lo que va de investigación tras la detención de dos sujetos involucrados en el caso, uno de ellos identificado como Whillfer Piña a quien le encontraron conversaciones comprometedoras en su celular y sobre esto detalló que se han realizado 17 allanamientos a personas que mantenían contacto de naturaleza conspirativa con Piña.
El otro involucrado es Renzo Flores, quien también señaló a Whillfer Piña en todos los planes a ejecutar. Tarek William Saab presentó a la prensa un hampograma donde se evidenciaba la comunicación entre estos sujetos, comandos militares y sitios donde captaban personas para cometer sus delitos.
Otro detalle importante que aportó el fiscal es que los sujetos involucrados en el plan se reunían y organizaban el atentado en locales comerciales cercanos al Fuerte Paramaconi, en Maturín, y el cuál es objeto de planificación para intentar tomarlo como objetivo militar.
Profundizan campaña mediática contra Venezuela desde EEUU
Además la fiscalía también profundiza sobre nexos de esta situación con una campaña mediática contra Venezuela desde los Estados Unidos, donde intentan vincular al Estado venezolano con bandas criminales que huyeron del país y cuyos miembros hacen de las suyas en otras naciones. Saab aseguró que los congresistas Marco Rubio y María Elvira Salazar «exigen al presidente Joe Biden que declare al Tren de Aragua como Organización Criminal Trasnacional», solo con la intensión de culpar al gobierno bolivariano.
El Fiscal General de la República asegura que Venezuela tiene el derecho de tomar las medidas que considere necesarias para combatir el crimen, pero no es extraño que se esté utilizando esa la lucha para aumentar la política de medidas coercitivas contra Venezuela, desde los Estados Unidos.
