EEUU
EEUU amenaza a la CPI con más sanciones si investiga a Trump
Washington busca destruir el Estatuto de Roma, piedra angular del derecho penal internacional
EEUU, 10 de diciembre de 2025. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una nueva muestra de arrogancia internacional al exigir que la Corte Penal Internacional (CPI) modificar su documento fundacional para garantizar que ni el mandatario republicano ni sus altos cargos puedan ser investigados. La administración norteamericana incluso amenazó con imponer nuevas sanciones al tribunal si este no cede a sus demandas.
La pretensión de Washington equivale a voltear el ordenamiento jurídico internacional a su favor y dar una patada en la mesa frente a la posibilidad de procesar a Trump por los obvios crímenes de guerra cometidos en el Caribe y el Pacífico, así como por las acciones de tropas estadounidenses en Afganistán.
Según un representante del gobierno de Trump, Estados Unidos ha comunicado a los miembros de la CPI —incluidos algunos de sus aliados— que el tribunal debe abandonar las investigaciones contra líderes israelíes por la guerra en Gaza.
También exigen cerrar formalmente la investigación sobre militares estadounidenses en Afganistán y garantizar inmunidad procesal para Trump y sus altos cargos por los procedimientos que ya intuyen por sus asesinatos en el Caribe y el Pacífico.
De no cumplirse estas exigencias, Washington advirtió que sancionará a más responsables del tribunal e incluso podría castigar directamente a la CPI como institución, lo que afectaría gravemente su funcionamiento cotidiano.
EEUU lanza un ataque directo a la justicia internacional
La campaña estadounidense contra la CPI no es nueva, pero esta vez alcanza un nivel de desparpajo sin precedentes: exigir que se reescriba el Estatuto de Roma, piedra angular del derecho penal internacional, para blindar a sus propios dirigentes.
El representante del gobierno de Trump reconoció que existe “creciente preocupación” de que en 2029 la CPI pueda abrir procesos contra el presidente, el vicepresidente y otros altos funcionarios. “Eso es inaceptable y no lo permitiremos”, sentenció.
En noviembre pasado, la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el ex ministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamas Ibrahim al-Masri por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
En marzo de 2020, la CPI abrió una investigación sobre Afganistán que incluía posibles crímenes de tropas estadounidenses. Aunque desde 2021 el tribunal redujo la prioridad de este caso, nunca lo cerró formalmente.
A principios de este año, Washington ya sancionó a nueve responsables de la CPI, incluidos jueces y fiscales, como medida de presión.
La CPI resiste
El departamento de asuntos públicos de la CPI recordó que las enmiendas al Estatuto de Roma son prerrogativa exclusiva de los Estados Partes, y que cualquier intento de modificarlo requeriría el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
La CPI, con 125 Estados miembros —incluida toda la Unión Europea—, se mantiene como el tribunal permanente del mundo para crímenes de guerra, pese a la presión de grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China, que no forman parte del Estatuto.
