AN aprueba en primera discusión Ley Contra Estafa Inmobiliaria

Caracas, 15 de julio de 2026. La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes, en primera discusión y por unanimidad, el Proyecto de Ley de Reforma parcial de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, cuyo objetivo es promover la construcción de nuevas viviendas adaptadas a los nuevos tiempos.

El primer vicepresidente del Parlamento, diputado Pedro Infante, presentó este proyecto de reforma que contempla resolver y garantizar mejores condiciones económicas para que los afectados por el doble terremoto del pasado 24 de junio accedan al sector inmobiliario.

El parlamentario explicó que la iniciativa modifica aspectos críticos del sector de la construcción para dinamizar la economía e incorporar al capital privado en la edificación de hogares para las familias venezolanas.

Flexibilización de precios

Entre los puntos medulares de la reforma destaca la flexibilización de precios que elimina el esquema rígidamente fijo que impedía absorber las variaciones en los costos de los materiales de construcción.

En este sentido, Infante explicó que con la reforma legal las partes interesadas pueden acordar mecanismos de estabilización basados en las fluctuaciones reales del mercado.

Indicó que en los plazos de entrega se suprime el límite restrictivo de 24 meses para la culminación de obras, mientras que el tiempo de ejecución se establecerá por mutuo acuerdo entre los involucrados.

Asimismo, detalló que la reforma ofrece protección del flujo de caja, ya que en la actualidad se obliga al promotor a esperar 90 días y tramitar un permiso administrativo ante impagos.

La propuesta de ley faculta al constructor a rescindir el contrato de forma directa si el adquiriente acumula dos meses consecutivos sin pagar. Igualmente, estimula la reactivación de créditos impulsados por las instituciones bancarias para financiar proyectos habitacionales y reduce los riesgos regulatorios.

En palabras de Infante, estas acciones destraban los nudos críticos del marco jurídico actual, en la cual se equilibra la seguridad del constructor con la debida protección a los compradores, bajo el espíritu del artículo 82 de la Carra Magna.