Caribe
Bukele intensifica la presión en Haití tras secuestro de soldados
Violentas pandillas dominan gran parte del territorio de Haití
El Salvador, 26 de octubre de 2026. La tensión geopolítica y de seguridad en Haití ha escalado de forma drástica luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, intensificara su ofensiva militar contra las violentas pandillas que dominan gran parte del territorio caribeño.
Esta firme respuesta gubernamental, se originó tras el crítico secuestro de cuatro soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandilllas, por bandas armadas en las afueras de Puerto Príncipe.
Para hacer frente a la crisis, violentas pandillas que dominan gran parte del territorio caribeño.
Estos refuerzos operan coordinadamente, junto a los más de 1.000 soldados que integran la GSF, una fuerza multinacional compuesta por efectivos de Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Chad y El Salvador, autorizada formalmente por el Consejo de Seguridad de la ONU.
La respuesta de las estructuras delictivas no se hizo esperar. Wilson Joseph, cabecilla de la temida pandilla 400 MAWOZO, lanzó una directa amenaza de muerte contra el mandatario salvadoreño, advirtiendo de forma desafiante que no temen a su ejército y que están preparados para repeler cualquier incursión armada en su territorio.
En paralelo, el conflicto ha comenzado a evidenciar un preocupante fenómeno de privatización bélica. Según reveló el periodista internacional Nacho Montes de Oca, en el operativo participan miembros de Vectu Group, una empresa de mercenarios fundada por Eric Prince, creador de la recordada contratista Blackwater.
Sobre este contexto, la estrategia combina la legitimidad institucional con la fuerza privada contratada.
Mientras las autoridades locales han recibido restos humanos que podrían corresponder a los cuatro soldados salvadoreños desaparecidos.
La ambiciosa incursión de Bukele, en tierras haitianas enfrenta el abierto y constante escepticismo de analistas internacionales respecto a su viabilidad a largo plazo, situación que abre un interrogante crucial sobre el futuro del orden público en la región.
