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Argentina

Argentina aprueba reforma laboral entre denuncias de represión

Organizaciones de derechos humanos y sindicatos denunciaron un saldo preliminar de al menos 300 heridos y 31 detenidos

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Argentina, 12 de febrero de 2026. En una sesión marcada por la tensión política y el cerco policial al Congreso, el Senado de Argentina aprobó el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La iniciativa recibió 42 votos a favor y 30 en contra, tras semanas de negociaciones que reconfiguraron temporalmente las alianzas legislativas.

El texto sancionado en general contó con el respaldo del bloque libertario y el PRO.

También de sectores de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico de Córdoba, Provincias Unidas y otras bancadas provinciales.

Un hecho que dejó en evidencia la fragmentación de la oposición tradicional frente a uno de los proyectos más controversiales del actual gobierno.

En las puertas del Congreso

Mientras se desarrollaba el debate, las inmediaciones del Palacio Legislativo se convirtieron en un escenario de violencia institucional.

Un operativo de más de 800 efectivos de las fuerzas de seguridad, encabezado por la ministra Alejandra Monteoliva, dispersó con gases lacrimógenos y balas de goma a miles de manifestantes que se oponían a la iniciativa.

Organizaciones de derechos humanos y sindicatos denunciaron un saldo preliminar de al menos 300 heridos y 31 detenidos.

Al respecto, Rodrigo Pomares, director del Programa de Violencia Policial de la Comisión Provincial por la Memoria, calificó el operativo como “injustificado”.

Además, señaló que la movilización transcurría en términos mayoritariamente pacíficos.

“Parte de la concentración ya comenzaba a desconcentrar cuando se desató la represión. No hubo proporcionalidad ni criterio preventivo”, afirmó.

Una reforma que reabre debates sobre derechos laborales

El proyecto, denominado oficialmente como Ley de Modernización Laboral, introduce modificaciones estructurales en el régimen de contratación, indemnizaciones y período de prueba.

Entre los puntos más cuestionados se encuentra la extensión del período de prueba de tres a seis meses, con posibilidad de ampliarlo hasta un año en pequeñas empresas, período durante el cual el trabajador puede ser despedido sin derecho a indemnización.

Asimismo, se sustituye el sistema de indemnización por despido por un fondo de cese laboral, similar a un seguro individual, cuyo monto y condiciones serán determinados por convenio sectorial.

Para Oscar de Isasi, de la Asociación de Trabajadores del Estado, la norma representa “un retorno a la legislación esclavista anterior al primer peronismo”.

El texto también legaliza figuras como el “trabajador independiente con hasta tres colaboradores”, una modalidad que —según advertencia de especialistas— podría fomentar la precarización encubierta y la evasión de obligaciones patronales.

Próximos pasos legislativos

Con la aprobación en general, la reforma deberá ser debatida ahora en particular en el Senado, antes de girarse a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ostenta la primera minoría pero no garantiza mayoría absoluta.

El tratamiento en detalle podría introducir modificaciones al articulado, en un intento por destrabar su sanción definitiva.

Mientras tanto, gremios y organizaciones sociales anticipan nuevas medidas de fuerza y convocatorias en el espacio público, en un clima social crecientemente polarizado.

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