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Trump solicitó a la Corte Suprema reactivar deportaciones
El Gobierno de EEUU apela a la revocación de una orden del juez federal, James Boasberg, el cual bloquea nuevas deportaciones a través de la Ley del Enemigo Extranjero
EEUU, 29 de marzo de 2025. La Administración de Donald Trump solicitó este viernes, intervenir en la batalla legal que mantiene con un tribunal federal a propósito de la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, activación de ley que permitió deportaciones de 238 migrantes venezolanos a una cárcel en El Salvador.
En tal sentido, la petición de emergencia demanda a los jueces de la Corte Suprema americana el revocar una orden del juez federal de distrito, James Boasberg, el cual bloquea unas nuevas deportaciones a través de la Ley del Enemigo Extranjero, la cual fungió por primera vez en el año 1798.
«Este caso plantea interrogantes fundamentales sobre quién decide cómo llevar a cabo operaciones sensibles de seguridad nacional en este país: el presidente, a través del Artículo II, o el poder judicial», declaró la Procuradora General Interina Sarah Harris ante la Corte Suprema.
Por su parte, la Casa Blanca refiere que la decisión tomada el 15 de marzo por el Juez Boasberg, cuando los migrantes venezolanos estaban rumbo a la prisión de máxima seguridad «CECOT» en la nación de El Salvador, impide la agenda de Trump y permite que tribunales inferiores acciones en colocar obstáculos al mandatario republicano.
Batalla legal por deportaciones desde EEUU
El juez federal, desde la semana pasada, se comprometió a determinar si el Gobierno ignoró su orden de regresar a los ciudadanos deportados, mientras que la Administración republicana apeló por el «privilegio de secreto de Estado», y se negó a proporcionarle al magistrado los detalles de las deportaciones, al nunca comprobarse que los migrantes eran miembros de la banda criminal «El Tren de Aragua».
Consecuentemente, Trump y sus aliados, solicitaron enjuiciar a Boasberg, a lo que respondió contundentemente el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, alegando que «este mecanismo no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial».
Igualmente, por parte de los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), presentaron una demanda en nombre de cinco venezolanos que se encontraban detenidos en Texas.
La abogada representante, Lee Gelernt, instó al Supremo estadounidense «a que mantenga el statu quo para que los tribunales tengan tiempo de atender este caso» y así lograr «más personas no sean enviadas a una prisión extranjera de mala reputación sin proceso alguno, basándose en un uso ilegal y sin precedentes de una autoridad en tiempos de guerra».
