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Fiscal de Venezuela sobre CPI: Atiende a presiones políticas

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«La CPI -atendiendo a presiones políticas de los centros de poder mundial- pretende tutelar acción de la justicia venezolana»

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Fiscal de Venezuela desmiente desaparición forzada de Rocío San Miguel

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Caracas, 01 de marzo de 2024. El fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, criticó este viernes la labor de la Corte Penal Internacional (CPI) como órgano de justicia internacional.

Las declaraciones del alto funcionario del Gobierno Bolivariano se produjeron tras la decisión de la CIP sobre una investigación por supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El Fiscal venezolano señaló, en un mensaje de X, que «la humanidad entera presencia la absoluta indiferencia con que la CIP observa el genocidio más cruel y brutal de los últimos 70 años«.

«Como lo es el holocausto del siglo XXI ejecutado por parte de Israel contra los niños, mujeres y ancianos palestinos«.

En este contexto, la CIP se pronunció por supuestas violaciones de lesa humanidad de en territorio venezolano, mientras permanece inerte ante la muerte de más de 30 mil palestinos en Gaza, en sólo 5 meses.

De acuerdo con la Agencia Anadolu de Turkey, la Corte Penal Internacional dictaminó en 2021 que tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en los territorios palestinos.

«La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI decidió, por mayoría, que la jurisdicción territorial de la Corte en la Situación en Palestina, un Estado parte del Estatuto de Roma de la CPI, se extiende a los territorios ocupados por Israel desde 1967«, dijo la CPI en un comunicado.

CPI: mecanismo de instrumentalización política

En este orden de ideas, Saab afirmó que la CPI atiende a presiones políticas de «los centros de poder mundial».

Además, fustigó la pretensión de la CPI de «tutelar» el sistema de justicia en Venezuela.

«Viene la Corte Penal Internacional -atendiendo en origen y esencia a presiones políticas de los centros de poder mundial- a pretender “tutelar” la acción sólida de la justicia venezolana en defensa de la Dignidad Humana«.

Anteriormente, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, indicó que la decisión se trata de un «caso evidente de instrumentalización política contra el país«, que «pretende ocultar la verdad de Venezuela«.

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