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CPI califica de “ataque flagrante” nuevas sanciones del gobierno estadounidense
El tribunal multilateral advierte que las acciones de Washington amenazan el orden jurídico global y reafirma su compromiso de investigar sin presiones políticas
La Haya, 19 de agosto de 2026. La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó enérgicamente las medidas coercitivas unilaterales anunciadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos contra su presidenta, Tomoko Akane, y el abogado principal Abdoulaye Seye.
El organismo multilateral calificó la acción de Washington como un «ataque flagrante» contra la independencia de la justicia internacional.
A través de un comunicado oficial, el tribunal advirtió que la penalización a funcionarios por cumplir su mandato legal pone en grave riesgo el orden jurídico global.
Las sanciones estadounidenses, ejecutadas el 18 de agosto, implican el congelamiento de cualquier activo de Akane y Seye dentro de jurisdicciones bajo control de EE. UU., además de restringir su acceso al sistema financiero internacional.
“Estas sanciones constituyen una agresión directa contra un órgano judicial imparcial que actúa amparado en el Estatuto de Roma”, sostuvo la institución.
Asimismo, la alta directiva de la Corte ratificó que las presiones políticas no alterarán sus procesos ni frenarán el trabajo enfocado en garantizar justicia a las víctimas de crímenes atroces.
Las restricciones surgen en respuesta a las investigaciones que la CPI adelanta sobre violaciones de derechos humanos en territorios palestinos ocupados, incluyendo el financiamiento de asentamientos ilegales en Cisjordania y los crímenes de guerra cometidos en Gaza.
Desde Washington, la Secretaría de Estado justificó las medidas al alegar una presunta politización del tribunal al investigar a ciudadanos de Estados no parte del Estatuto.
Con esta decisión, la lista de afectados por las sanciones de EE. UU. asciende a nueve jueces, dos fiscales adjuntos, personal administrativo de la CPI y defensores de derechos humanos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas.
Pese al cerco financiero, la comunidad internacional y diversos organismos multilaterales han expresado un firme respaldo a la continuidad e integridad de la labor del tribunal.
