EEUU
Redadas encubiertas: la nueva acción del ICE para deportar extranjeros
La medida repercute en cónyuges de nacionales estadounidenses, personal del sector tecnológico y solicitantes con trámites migratorios en curso
EEUU, 30 de julio de 2026. Mediante operativos encubiertos en terminales aéreas estadounidenses, la administración de Donald Trump intensifica su ofensiva migratoria.
En esta nueva etapa, agentes de inmigración interceptan a ciudadanos extranjeros con visas vencidas directamente en los mostradores de facturación y puertas de llegada.
La medida repercute en cónyuges de nacionales estadounidenses, personal del sector tecnológico y solicitantes con trámites migratorios en curso.
Además, las autoridades aplican dicha medida en un mínimo de quince aeropuertos del país, mediante un trabajo conjunto entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Con este acuerdo, el alcance de los controles trasciende su función habitual, que se limitaba a personas con órdenes de expulsión previas. Desde el Departamento de Seguridad Nacional justifican la decisión asegurando que busca frenar el uso del transporte aéreo por parte de migrantes en situación irregular, a menos que el viaje tenga como objetivo la autodeportación.
Patrón sistemático de violaciones a las garantías fundamentales
Ante esta situación, las organizaciones defensoras de derechos humanos documentan desde hace años un patrón sistemático de violaciones a las garantías fundamentales en la gestión migratoria estadounidense.
Las normativas de seguridad fronteriza priorizan la disuasión agresiva y la separación familiar por encima de los convenios internacionales de protección humanitaria.
En este sentido, diversas organizaciones civiles denuncian que estas directrices debilitan el debido proceso y criminalizan la migración mediante detenciones prolongadas y redadas masivas en espacios públicos.
Las agencias gubernamentales endurecen los criterios de admisibilidad y multiplican los pretextos administrativos para justificar expulsiones sumarias.
Estas prácticas vulneran los derechos de solicitantes de asilo y residentes con vínculos familiares en Estados Unidos, generan un clima constante de temor en las comunidades migrantes y erosionan los canales legales de regularización.

