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Comité de usuarios de telecomunicaciones denunció a Directv ante el TSJ



Caracas, 21 de mayo de 2020.- El Comité de Usuarias y Usuarios de las Telecomunicaciones introdujo este miércoles un amparo con medidas cautelares ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contra Galaxy Entertainment de Venezuela (Directv), por delitos de vulneración de derechos colectivos y difusos de venezolanas y venezolanos.

Esto, tras la medida de culminar operaciones de televisión por suscripción y el cierre intempestivo de actividades en el país, que afecta a más de 6.5 millones de suscriptores.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente, María Alejandra Díaz, señaló que la demanda surge por una serie de denuncias recibidas por los Comité de Usuarios, los cuales presentan un amparo con medidas cautelares por derechos colectivos y difusos para proteger a los suscriptores, pero también a todos los que se ven afectados por el cierre intempestivo de actividades que está generando esta empresa transnacional, que pretende hacer valer una norma que emite el gobierno de Estados Unidos, faltando a la normativa nacional.

Expuso que la empresa Directv Venezuela ocupa un 45.32% del mercado de difusión por suscripción en el país, por lo que “estamos reclamando la violación a los derechos constitucionales. Esta empresa está abusando de su posición de dominio y de condición oligopólica para dejar sin comunicación a un sector de los venezolanos”.

Díaz aseguró que la empresa transnacional viola la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Resorte) y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Por ello, “pedimos que se restituyan los derechos de los usuarios que estamos siendo afectados por esta medida unilateral e ilegal por parte de esta empresa, queremos que se haga respetar nuestra soberanía pues violan normas de carácter comercial. Esperamos que se garantice y se restituya el servicio”.

Puntualizó que con esta acción arbitraria e ilegal en medio de una pandemia cercena el derecho y viola el decreto de inamovilidad laboral decretado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la cuarentena social, colectiva y voluntaria por la pandemia de la Covid-19.

Díaz denunció que la empresa ya está mudando sus operaciones a Colombia con la intención de que los venezolanos se informen a través de un tercero en medio de las amenazas a la integridad territorial y demás presiones que ejerce la administración de Donald Trump contra el pueblo e instituciones de Venezuela.



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